En este decimotercer informe anual consecutivo sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España, el CERMI documenta cómo la pandemia del COVID-19 ha socavado los derechos de mayor valor y entidad de las personas con discapacidad.

 

El derecho a la vida, causando miles de víctimas mortales, y muchas más enfermas y con secuelas, en proporción más elevada que la que correspondería al peso social de este grupo de población. El derecho a la salud, a la asistencia sanitaria sin discriminaciones ni exclusiones por motivos bastardos, ha sido de los más laminados durante esta crisis. Denegaciones de atención, selección en función de las características de la persona enferma, rechazando a quienes por presentar una discapacidad o tener una edad avanzada se consideraba que su vida era de inferior valor, frente a otras más aventajadas.

 

El derecho a la información y a la comunicación, con medios y canales, incluso públicos, que emitían mensajes no accesibles, sin posibilidad por tanto de llegar a su contenido, sobre cuestiones de primera importancia para la ciudadanía, práctica que dejaba a muchas personas con discapacidad al margen, desorientadas y en permanente duda sobre cómo actuar.

 

No solo derechos, sino también situaciones sociales, como la soledad no deseada, o la pobreza y la exclusión que se han recrudecido, pues la fragilidad previa de estas personas era muy acusada, y ahora, con la pandemia, se ha convertido en extrema.

 

Todas estas fallas de los derechos humanos se registran en este Informe, que prestando particular atención a los efectos de la pandemia en las personas con discapacidad y sus familias, no deja de registrar otros muchos estados carenciales que persisten en nuestra sociedad.

 

Este informe anual es parte de la actividad del CERMI como mecanismo independiente de seguimiento del cumplimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.